“En Durango no hay cabida para la impunidad”.
Con la finalidad de fortalecer el marco normativo estatal para la prevención, investigación y sanción de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el diputado Otniel García Navarro presentó la iniciativa de reformas para armonizar la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
“Al abordar la tortura desde el ámbito de la Fiscalía Anticorrupción, reconocemos que muchas de estas prácticas están vinculadas a estructuras de poder que utilizan la violencia como herramienta de control. Esta reforma no es solo técnica, es un mensaje claro: en Durango no hay cabida para la impunidad”, puntualizó.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, el también presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, explicó que se busca ampliar las facultades de esta fiscalía para que esta institución asuma la investigación y persecución de dichos delitos.
“La tortura no solo violenta la dignidad de las personas, sino que compromete la integridad del sistema de justicia. Es nuestro deber garantizar que todas las instituciones encargadas de procurar justicia actúen con pleno respeto a los derechos humanos”, resaltó García Navarro.
El legislador destacó que la iniciativa no implica un aumento significativo en el gasto público, ya que aprovecha la infraestructura y recursos existentes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, maximizando su eficacia y sustentabilidad financiera.
Además, señaló que la propuesta responde a observaciones realizadas por organismos nacionales e internacionales, como la CNDH, que en su recomendación 102/2022 documentó casos de tortura en el estado, así como a los hechos ocurridos en octubre de 2023, donde ocho personas fueron encontradas en Tamazula con signos de tortura.
Enfatizó que la reforma está sustentada en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 13 de la Constitución estatal, que prohíben la tortura y obligan al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Asimismo, cumple con las disposiciones de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura de la ONU.
Finalmente, el diputado hizo un llamado a sus compañeras y compañeros legisladores a analizar y enriquecer la iniciativa, para respaldarla como un paso necesario para consolidar un sistema de justicia más humano y eficaz en el estado.
